La participación de las mayorías, un mecanismo hecho parte de las leyes sobre derechos civiles de los años 60, se delineó con el propósito de garantizar oportunidades equitativas para los grupos cuyos empleadores e instituciones habían discriminado por mucho tiempo. Aquellos hostiles al progreso de los grupos relegados se burlan a menudo de tales esfuerzos llamándolos “cuotas” y tratando así de tildar de injustos a los programas en pro de la participación de las minorías.
La escuela de Derecho de Michigan, una de las mejores escuelas de Derecho de la nación, se rige por una norma de admisión oficial que intenta lograr la diversidad de su cuerpo estudiantil. Cuando a la señorita Grutter, una residente blanca de Michigan, se le negó el ingreso a esta escuela, ella presentó una demanda argumentando que se la discriminó por motivos de raza existentes en la norma de admisión de la escuela. En el caso, que se denominó Grutter v. Bollinger (2003), la Corte Suprema defendió y apoyó la norma de admisión en general de esta escuela, fortaleciendo así el compromiso de la ley con la participación de las minorías en el mundo académico en general.
“La participación en la educación jurídica (y por ende en dicha profesión), escribió la magistrada O’Connor en su opinión mayoritaria, “debe incluir a individuos talentosos de toda raza y etnia, de manera que todos los miembros de nuestra sociedad heterogénea tengan un lugar en las instituciones educativas que brindan la capacitación y educación necesarias para sobresalir en Estados Unidos”. Muy bien dicho, en nuestra opinión.