En la etapa cumbre del movimiento por los derechos civiles de los años 60, miles de personas arriesgaron sus vidas para modificar un régimen racista flagrante y generalizado que mantuvo a millones de personas impedidas de participar en el compromiso cívico más básico: el derecho al voto. Desde que se aprobó la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 con el fin de garantizar que las personas de color gozaran de igual participación en las urnas, ésta ha sido renovada y prorrogada en cuatro oportunidades, siendo la vez más reciente en agosto de 2007. Enfocada inicialmente en evitar la discriminación racial, esta importante ley ha evolucionado durante las últimas cuatro décadas para proteger a más grupos que algunas veces enfrentan dificultades para ejercer su voto; como las personas de color, las personas discapacitadas y las personas con dominio limitado del inglés, entre otros.
Tras el voto unánime por parte del Senado, la Ley de Derecho al Voto fue prorrogada por 25 años más. Sin embargo, a pesar de las protecciones que esta ley promete, muchos estados continúan imponiendo restricciones sobre el derecho al voto que limitan la capacidad de las personas para votar. Nuestra confianza recae en que los tribunales defiendan y protejan el derecho a votar de todos. A continuación mencionamos algunos casos recientes que ilustran el importante rol que los tribunales desempeñan y que ayudan a hacer que podamos acudir a las urnas y votar.
DISTRITOS Y PROCESOS DE REGISTRO QUE SEAN JUSTOS
Hasta el momento en que se aprobó la Ley de Derecho al Voto original había una generalizada y vergonzosa privación de derechos civiles de índole racial, en particular respecto a los afroamericanos. Como ejemplos tenemos el empleo de malas maniobras o cambios en los distritos electorales de modo que los blancos representaran la mayoría; pruebas de alfabetismo; y hacer que las personas paguen por votar a través de impuestos electorales. En la actualidad, la discriminación de voto es menos notoria; sin embargo, la mayoría de las veces las personas aún votan en torno a consideraciones raciales y aún existen casos en los que los distritos y los sistemas de votación están diseñados específicamente para diluir el poder de voto de los grupos minoritarios. Es de vital importancia que a los habitantes, y especialmente a las personas de color, no se les prive del derecho al voto ni se les aparte de un proceso democrático a través de la dilución del voto. En el año 2006, un tribunal de Florida descubrió el empleo de un sistema de votación para diluir el voto de los latinos y evitar que dicha comunidad eligiera a un representante.
En 1975, la Ley de Derecho al Voto fue modificada específicamente para proteger a los indígenas de Estados Unidos. Sin embargo, su derecho al voto aún sigue siendo objeto de atropello. Por ejemplo, en el año 2002, cuatro votantes impugnaron el plan de reorganización de los distritos de Dakota del Sur, el cual hubiera agrupado a los votantes de raza indígena en un solo distrito electoral, diluyendo la presencia de votos de raza indígena en un distrito vecino y dejando a estos votantes sin la posibilidad de elegir a un representante de su preferencia. El tribunal federal desempeñó un papel esencial en garantizar que los indígenas de Estados Unidos de Dakota del Sur no fueran completamente apartados del proceso electoral.
En un esfuerzo para desalentar el registro de las minorías votantes, algunos estados han aprobado leyes que dificultan a las organizaciones efectuar campañas de registro de votantes, las cuales generalmente tienen como objetivo a grupos que puedan sentirse apartados del proceso político, como por ejemplo los votantes de bajos ingresos, personas de color, estadounidenses de edad avanzada y personas discapacitadas. En el año 2006, una ley de Ohio creó múltiples vallas, tales como el prerregistro, capacitación en línea y declaración, que trabajadores pagados debían saltar antes de poder llevar a cabo cualquier labor de campaña de registro de votantes. Asimismo, quita a estos trabajadores el ánimo para recolectar los formularios de registro que hay que presentar ya que todo trabajador que reúne los formularios y no los envía a la agencia estatal dentro de un plazo de diez días está sujeto a cargos por delito grave. Al darse cuenta del obstáculo que dichas normas representan para los esfuerzos de registro de votantes, el juez de un tribunal distrital decidió detener la aplicación de la nueva ley de Ohio hasta que se celebre un juicio. Project Vote v. Blackwell (N.D. OH 2006).
INCÓMODOS REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN
Muchas personas se encuentran impedidas de votar debido a la rigidez de los requisitos para que los votantes obtengan un ID (o documento de identidad), y los tribunales desempeñan un rol importante en delinear dichos requisitos. Determinadas comunidades (personas que viven en la pobreza, los discapacitados, padres solteros con hijos pequeños y los ancianos, entre otros) no tienen ni los recursos para los preparativos de viaje ni disponen de una mañana para pasarla formando colas y esperando en el Departamento de Vehículos Automotores de su área para obtener la identificación requerida para votar.
Si los tribunales imponen requisitos de ID rigurosos, las personas que de otra forma están aptas para votar serán rechazadas en las urnas y el número de personas que pueden participar en el proceso político se reducirá. Eso es justo lo que algunos tribunales están ocasionando.
En Indiana, un tribunal distrital sostuvo que el requisito de ID con foto del estado era legitimo, a pesar de que se estima que casi un millón de votantes de Indiana no poseen licencia de conducir u otro documento de identidad “aceptable”. Otros tribunales han rechazado los requisitos de ID impuestos por los estados. En Georgia, en julio pasado, un tribunal distrital no permitió que el estado impusiera el requisito de ID con foto hasta la celebración de un juicio completo.
ACCESO EQUITATIVO A LOS LUGARES DE VOTACIÓN
Toda persona con edad para votar debería gozar del derecho al voto y no debería negársele este derecho a las personas con discapacidad en base a malas interpretaciones y estereotipos respecto a sus capacidades. Lamentablemente, no siempre es así. Si los estados no permiten que un votante lleve consigo a un familiar para ayudarlo a emitir su voto, o el lugar de votación no es accesible, su derecho al voto carece de sentido. Muchos estados cuentan con leyes que prohíben votar a las personas con discapacidad mental, ya sea que estos sean efectivamente competentes para votar o no. Los tribunales deben estar dispuestos a proteger la llegada a las urnas.
Por ejemplo, el Fiscal General de California interpuso recientemente una demanda impugnando el acceso a los lugares de votación en el condado de Santa Cruz debido a que más de 100 lugares de votación infringieron los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Estadounidenses Discapacitados (American with Disabilities Act). Ciudadanos a lo largo del país también han interpuesto demandas para hacer cumplir la Ley de Ayuda al Voto Estadounidense (Help American Vote Act), que fue aprobada por el Congreso luego del proceso electoral para elegir entre Bush y Gore, con el fin de asegurar, entre otras cosas, que todas las personas tengan acceso al voto. Sin embargo, muchos de estos casos han sido rechazados por los tribunales sobre la base de que la ley no tenía como propósito convertirse en un derecho federal que pueda hacerse cumplir en el tribunal.
La ayuda con el idioma es otro aspecto esencial del derecho al voto. En un condado de Florida, los votantes hispanohablantes fueron rechazados en las urnas debido a las barreras del idioma. No se les permitió llevar consigo un familiar para que les ayude con la interpretación a pesar de que esto representaba una violación directa a la Ley de Derecho al Voto. El gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda y un tribunal ordenó al condado a mejorar su asistencia bilingüe. Nuevamente, este caso muestra cuán esencial es la participación de los tribunales en el esfuerzo para proteger el derecho al voto.