CUATRO DE LOS CASOS MÁS IMPORTANTES QUE AFECTAN A LOS LATINOS
Existen cuatro casos claves que tienen impacto sobre los latinos y la gente de color en Estados Unidos. Los primeros dos casos, Lau y Plyler, son de la época en que los tribunales solían ser lugares donde la gente de color y los pobres podían acudir para reivindicar sus derechos. Estos dos casos históricos representan lo mejor de nuestro sistema judicial. Los otros, Sandoval y Hoffman, son casos recientes y exhiben la nueva clase de tribunal que ha cerrado sus puertas a los latinos y la gente de color. Estos dos casos sobre recorte de derechos han traído a menos las victorias que con tanto esfuerzo ganó el movimiento por los derechos civiles.
Lau v. Nichols (1974)
Por lo menos entender lo que pasaba en el salón era casi imposible para miles de estudiantes de San Francisco que no hablaban inglés en la era de 1970. El distrito escolar al que asistían no ofrecía a los niños enseñanza en el idioma materno, y tampoco les enseñaba inglés. Encima de eso, el Código de Educación de California exigía que los estudiantes que fueran a recibir el diploma debían hablar bien el inglés.
Por lo tanto, un grupo mayor de 2,000 estudiantes de ancestro chino presentaron una demanda contra el Distrito Escolar Unificado de California ya que alegaban que debido a la falta de un programa para ayudarlos a sobrepasar la barrera del idioma, sus oportunidades educativas eran desiguales.
La Corte Suprema dictaminó que se estaba discriminando a estos estudiantes que no hablaban inglés y exigió que el distrito escolar creara programas para afrontar las barrera del idioma. La decisión de la Corte se basó en el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por razones de “raza, color de piel o país de origen” en todo programa o actividad que reciba fondos del gobierno federal. Así pues, como el Distrito Escolar Unificado de San Francisco recibía fondos federales, se vio obligado a obedecer la Ley de los Derechos Civiles y tratar por igual a todos los estudiantes. Además, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, entidad del gobierno federal a la que se le encargó asegurarse de que los distritos escolares no discriminen a los estudiantes, dio pautas y exigió a los distritos escolares “corregir la deficiencia sobre el idioma”. Las escuelas de San Francisco tuvieron que cumplir con la reglamentación señalada por la Corte.
Aunque el dictamen de 1974 nunca detalló los pasos que los distritos escolares tenían que dar para implementar clases de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) o salones de clase bilingües, sí avala la propuesta de que los ciudadanos que no hablan inglés tengan derecho a una educación equitativa.
Plyler v. Doe (1982)
Las escuelas públicas de Texas cerraron sus puertas a los niños indocumentados de México en los años 70 y este sistema escolar no cambió hasta después de varias demandas presentadas contra los funcionarios de Texas por negarle la educación a los niños.
En 1975, Texas promulgó una ley que prohibía a los distritos escolares usar el dinero del gobierno federal para educar a niños indocumentados. A raíz de esto, varios distritos escolares de Texas negaban la inscripción de niños indocumentados o les cobraban una matrícula para poder asistir a sus escuelas públicas, escuelas que eran gratis para todos menos para estos niños. Para los niños que habían ingresado a Estados Unidos sin aprobación previa y cuyos padres no podían pagar la matrícula, esto significaba no poder asistir a la escuela. De allí surgieron numerosas demandas contra los funcionarios de Texas, incluso una acción colectiva a favor de todos los niños indocumentados de origen mexicano y en edad escolar que vivían en Texas.
El caso llegó hasta la Corte Suprema y culminó con la victoria de los niños. La Corte dictaminó que la ley de Texas violaba la enmienda catorce de la Constitución, la cual prohíbe que el Congreso o los estados promulguen leyes que discriminen contra grupos de gente. La corte sostuvo que los niños indocumentados tienen derecho a la educación gratuita de la que gozan los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales y la ley de Texas discriminó a estos niños al negarles la misma oportunidad de asistir gratis a la escuela pública. Más aún, la Corte señaló que estos niños inocentes no tenían la culpa de su condición de indocumentados ya que la mayoría de ellos no vino a vivir a Estados Unidos por decisión propia. Negarles la educación básica no solo sería discriminarlos por algo sobre lo que no tuvieron control alguno, sino también imponerles un escollo de por vida.
A raíz de este caso, las escuelas de Texas y de todo el país tienen la obligación de ofrecer educación pública gratuita a todos los niños, incluso a aquellos que en un inicio ingresaron al país sin aprobación.
Alexander v. Sandoval (2001)
Martha Sandoval sabía conducir y podía identificar las señales de tránsito en inglés en las calles, pero no hablaba bien el inglés. Sin embargo, Alabama, lugar donde ella residía, había aprobado la política "English only" (sólo inglés). Cuando no se le permitió tomar ninguna parte de su examen de manejo en español, siendo por lo tanto discriminada en base a su país de origen, Sandoval entabló una demanda en contra de ese estado.
En el año 2001,
Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. N.L.R.B. (2002)
José Castro y otros tres trabajadores fue despedidos de sus empleos en la compañía Hoffman Plastics por apoyar una campaña de organización sindical. El Concejo Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) o NLRB investigó el incidente, decidió que despedir al señor Castro y a los otros trabajadores quebrantaba la ley federal, y ordenó que Hoffman Plastics indemnizara a los demandantes por el sueldo que habrían ganado si no hubieran sido despedidos. Sin embargo, cuando los funcionarios de Hoffman Plastics se enteraron de que el señor Castro había ingresado al país sin aprobación, presentaron una apelación y argumentaron que no tenían que pagar los salarios no percibidos de ningún trabajador indocumentado.
El caso llegó a la Corte Suprema en el año 2002. La Corte estuvo de acuerdo con Hoffman Plastics y dictaminó que el señor Castro no tenía derecho a ningún pago por salario no percibido ya que era indocumentado. La Corte reconoció que Hoffman Plastics había quebrantado la ley federal al despedir al señor Castro y a los otros trabajadores por apoyar el sindicato laboral, pero se negó a otorgar resarcimiento legal al señor Castro debido a su condición migratoria. La Corte sostuvo que los trabajadores que “por ley no tienen derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos” no tienen derecho a recibir salario perdido, aun si la compañía que los emplea viola la ley. Según la Corte, otorgarle al señor Castro el dinero que hubiera ganado sería condonar y alentar futuras infracciones sobre inmigración.
Este caso limita la protección legal de que disponen muchos inmigrantes en este país que trabajan sin documentos. Este fallo hace casi imposible que los trabajadores indocumentados puedan impugnar normas laborales injustas. Los trabajadores indocumentados no pueden demandar a sus empleadores por pago de salario no percibido, no importa el descaro con que estos empleadores infrinjan la ley.