Los fallos emitidos por los tribunales federales concernientes a la protección del medio ambiente pueden tener impactos increíbles de amplio alcance. Las consecuencias finales de las decisiones que toman nuestros tribunales respecto al aire que respiramos, el agua que bebemos y nuestros sistemas naturales, nos afectan a todos.
Con el fin de proteger nuestro medio ambiente y a los ciudadanos estadounidenses, el gobierno federal promulgó varias garantías esenciales: la Ley de la Política Nacional Sobre el Medio Ambiente (National Environmental Policy Act), la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act), (Ley de Pureza del Aire ( Clean Air Act) y la Ley de Pureza del Agua (Clean Water Act). Estas leyes constituyen algunas de nuestras defensas más importantes en contra de la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, en los últimos años, los contaminadores y algunos de nuestros líderes políticos han puesto en marcha esfuerzos concertados para socavar y eludir dichas garantías. Incluso, en argumentos expuestos en el tribunal, éstos manifiestan que el gobierno federal no tiene que aprobar dichas leyes. Los jueces de los tribunales federales están llamados a tomar decisiones con respecto a estos asuntos y los fallos que éstos emitan tendrán influencia sobre el futuro del medio ambiente en nuestro país. A medida que los grupos con intereses especiales y las grandes empresas continúan con sus esfuerzos para recortar las leyes que protegen el medio ambiente, qué clase de jueces ejercen en los tribunales federales es un asunto que cobra cada vez mayor importancia.
En el año 2004, en el caso Department of Transportation v. Public Citizen, la Corte Suprema tomó en consideración una disputa que databa de 1982, cuando, debido a las abrumadoras preocupaciones con respecto al medio ambiente y la salud pública, nuestro gobierno federal prohibió que los camiones provenientes de México ingresaran más de 20 millas dentro de los Estados Unidos. El Presidente Bush levantó ésta prohibición en el año 2001 y permitió el ingreso de los camiones. Los grupos pro bienestar público y grupos laborales interpusieron una demanda en contra del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) por infringir leyes claves sobre el medio ambiente. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no era necesario hacer cumplir tales leyes y dictaminó que los camiones podían continuar ingresando al país. Las implicancias inmediatas de dicho dictamen sobre el medio ambiente y la salud pública pueden ser sumamente nocivas, sin mencionar que el precedente que se establece es desastroso: se están ignorando las leyes sobre el medio ambiente.
Sin embargo, no todos los fallos son perjudiciales. Algunas sentencias demuestran la facultad de los tribunales para defender las leyes sobre el medio ambiente que se han visto bajo amenaza política. El reglamento (conocido en inglés como The New Source Review o NSR) de la Ley de Pureza del Aire requiere que los propietarios de instalaciones industriales de gran tamaño adopten ciertas medidas de control de la contaminación al construir nuevas instalaciones o modificar las antiguas. A pesar de que este reglamento ha evitado la emisión de al menos 300 millones de toneladas de contaminantes, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) del actual gobierno promulgó una cantidad de vías de escape que estropearon de forma efectiva la aplicación del NSR en el 2002. A raíz de esto, el estado de Nueva York y una gran cantidad de ciudades, pueblos, grupos en defensa del medio ambiente y otros estados demandaron a la EPA alegando que las excepciones infringían las leyes establecidas por la Ley de Pureza del Aire. Con el fallo favorable para Nueva York y sus codemandantes en 1998, un tribunal federal de apelaciones ayudó a garantizar que toda nueva instalación tuviera que cumplir con las normas de la Ley de Pureza del Aire.
Abril del 2007 trajo consigo otra emocionante victoria en favor del medio ambiente. En la actualidad existe una enorme preocupación acerca del calentamiento global, tanto dentro de Estados Unidos como alrededor del mundo. En el primer fallo en la historia emitido por la Corte Suprema sobre el cambio climático, Massachusetts v. EPA, se determinó que la EPA cuenta efectivamente con la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de automóviles nuevos. Como ciudadanos estadounidenses podemos tener la esperanza de que esta sentencia represente el inicio de un período de mayor conciencia con respecto a las consecuencias de lo que hacemos con nuestros valiosos recursos ambientales.
A pesar de todo, muchas de nuestras leyes claves que protegen el medio ambiente permanecen en riesgo. En el caso Rancho Viejo v. Norton (2003), el Presidente de la Corte John Roberts (durante el tiempo en que ejerció en un tribunal de apelaciones) redactó una opinión que, de haber tenido mayoría, habría revocado la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En este caso, Rancho Viejo, una promotora inmobiliaria, quería construir un complejo de viviendas de 202 acres. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service) de Estados Unidos determinó que este plan de construcción de gran envergadura arrasaría con una especie en peligro de extinción (el sapo de arroyo del suroeste) y propuso un plan alternativo. La promotora inmobiliaria rechazó dicho plan y más bien interpuso una demanda en la cual pretendía sostener que la Ley de Especies en Peligro de Extensión era inconstitucional. La promotora inmobiliaria perdió el caso; un caso que no giraba realmente en torno a un simple sapo sino respecto a si el Congreso tiene la facultad para aprobar y hacer cumplir leyes que supervisen y protejan nuestro medio ambiente, además de no permitir que las grandes promotoras inmobiliarias hagan lo que se les antoja sin supervisión alguna.
La Corte Suprema actual acordó atender dos casos que buscan redefinir tales interpretaciones y desafían la facultad y constitucionalidad de esta importante ley federal. Del fondo de estos dos casos acerca de “pantanos” (ecosistemas esenciales para el control de inundaciones, el agua potable, la agricultura y la vida silvestre) surge la gran pregunta: ¿Tiene el gobierno federal (el Congreso) la facultad de llevar a cabo una de sus funciones más importantes de protección de los estadounidenses garantizando niveles y estándares nacionales de agua potable?
A medida que los contaminadores y líderes políticos continúan con sus esfuerzos para recortar las leyes sobre el medio ambiente en favor de grupos con intereses especiales y grandes empresas, qué clase de jueces ejercen en los tribunales federales es un asunto cada vez más importante. Entre el 2003 y el 2004, el 10 por ciento de los casos presentados ante la Corte Suprema eran sobre el medio ambiente y muchos de ellos se decidieron por un voto. Si la composición la Corte cambiara considerablemente, entonces, como dijo Doug Kendall, director ejecutivo del Concejo de Derechos de la Comunidad: “podríamos despertar una mañana y encontrar que nuestras garantías fundamentales con respecto al medio ambiente han sido tachadas con la pluma de la Corte Suprema”.