En Estados Unidos, las personas cuya lengua materna no es el inglés pueden enfrentar formas de discriminación tanto sutiles como evidentes. Esta discriminación puede afectar el acceso de las personas a la atención médica, educación, empleo, sistema judicial y muchas otras áreas de la vida diaria. Aquellas personas con un dominio limitado del inglés solían estar protegidas por las leyes de derechos civiles, que impedían la discriminación basada en el país de origen. Sin embargo, algunos fallos judiciales recientes hacen cada vez más difícil poder hacer cumplir tales derechos básicos.
Martha Sandoval vivía en Alabama, un estado con la política de “English-only” (sólo inglés), y necesitaba obtener una licencia de conducir del estado. Ella sabía conducir y podía identificar las señales de tránsito en inglés en las vías, pero no hablaba el inglés de forma fluida. Cuando no se le permitió tomar parte de su examen de manejo en español, la señora Sandoval presentó su caso ante el tribunal argumentando que el estado de Alabama había infringido una ley básica sobre derechos civiles concebida para evitar la discriminación en contra de las personas, basada en la raza o país de origen, en lugares y programas públicos.
El caso Alexander v. Sandoval llegó hasta la Corte Suprema, la cual dictó una sentencia devastadora para los derechos civiles. La Corte estableció que ninguna persona podía interponer una demanda si es que no podía probar discriminación intencional. En vista de que la señora Sandoval no podía probar que había sido víctima de discriminación en forma intencional por parte del estado mediante la imposición de su política de English-only, ella carecía de todo derecho para presentar su caso ante un tribunal. En consecuencia, la señora Sandoval y todas las persona después de ella que sean víctimas de discriminación debido al idioma que hablan, ya no podrán contar con la ayuda de los tribunales federales.
Este caso debilitó las leyes de derechos civiles que tienen efecto sobre muchas áreas de la vida estadounidense. Sin embargo, el impacto de este caso es más contundente contra aquellas personas que son víctimas de discriminación por razones de su país origen y el idioma que hablan. Los estadounidenses a quienes no se les proporciona intérpretes en los hospitales y que no pueden hacerse entender con sus doctores, o que no pueden entender las preguntas que éstos les hacen, se han quedado sin recursos. Quizá también se han quedado sin recurso alguno aquellos estadounidenses que son despedidos de sus empleos por no hablar inglés, aun cuando esto carece de relación con su capacidad para desempeñarse en sus empleos. Incluso aquellas personas a quienes se les niega un intérprete en el tribunal no podrán obligar al estado a proporcionarles uno. Los tribunales federales han cerrado de golpe sus puertas a aquellas personas para quienes tales asuntos pueden significar casos de vida o muerte.
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Alexander v. Sandoval (532 U.S. 275, 2001)
Title VI of the Civil Rights Law of 1964
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