Los tribunales han hecho cada vez más difícil que los trabajadores puedan contar con centros de empleo donde haya equidad y seguridad. A raíz de a una serie de dictámenes recientes de la Corte Suprema, los empleados estatales han perdido su derecho a entablar juicio para que se les indemnice ante medidas laborales injustas, tales como cuando no se les paga las horas extra.

Por ejemplo, en 1992, un grupo de supervisores de libertad condicional de Maine interpuso una demanda contra su empleador, el mismo estado de Maine, por infringir las disposiciones sobre horas extra de la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act). El tribunal de Maine falló en contra de los supervisores alegando fundamentos de carácter técnico y procesal (por los cuales los estados no pueden ser demandados en un tribunal estatal) e ignorando el hecho de que estos trabajadores fueron discriminados.

En 1998, la Corte Suprema dictaminó que los trabajadores mayores de 40 años que son discriminados, despedidos o colocados en un puesto inferior en base a su edad, no pueden reclamar pagos atrasados o indemnización pecuniaria por parte de los empleadores estatales. Este fallo deja a los trabajadores estatales mayores de 40 años sin ninguna protección legal frente a tratos discriminatorios debido a su edad.

Asimismo, la Corte Suprema dictaminó que si un trabajador es discriminado, despedido o colocado en un puesto inferior por motivo de discapacidad, incluso cuando tal discapacidad no afecte su trabajo, no puede reclamar pagos atrasados o indemnización pecuniaria por parte de los empleadores estatales. Tras haber recibido tratamiento por cáncer mamario, Patricia Garrett fue transferida y colocada en un puesto inferior al de su empleo como enfermera supervisora en la división de Servicios Femeninos del Centro Médico de la Universidad de Alabama, a pesar de que aún podía desempeñar bien su trabajo. La señorita Garrett llevó a su empleador a juicio y la Corte Suprema determinó que ella había sido discriminada, pero como los empleadores estatales debían estar protegidos frente a las leyes de discriminación por discapacidad, el estado de Alabama no tenía que pagarle su salario perdido. En consecuencia, la señorita Garrett y otras personas que también son discriminadas ya no están en la capacidad de reclamar sus salarios perdidos o cualquier otro pago por daños y perjuicios por parte de los empleadores de administración estatal, aún cuando pudiera determinarse en le tribunal que tales empleadores incurren en discriminación.

En marzo de 2002, la Corte Suprema debilitó las protecciones de más de 80 años de antigüedad que da la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés), al punto de hacer casi imposible que los trabajadores indocumentados puedan hacer valer los derechos laborales que ganaron con mucho esfuerzo. Joe Castro, un trabajador indocumentado, fue despedido de su empleo en Hoffman Plastics cuando empezó a tomar parte en actividades de organización sindical. En primer lugar, la corte determinó que despedir a un empleado por esta razón representa una violación de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, pero luego, dada su condición de indocumentado, el fallo fue revertido. Debido a este caso, en la actualidad existen pocas (de existir alguna) consecuencias legales para el empleador que despide a un trabajador indocumentado por actividades sindicales.

Apenas en mayo de este año, en el caso Ledbetter v. Goodyear Tire Co., la Corte Suprema retiró aun más protecciones de nuestros derechos civiles. A pesar de que Lilly Ledbetter fue contratada con el mismo salario que sus colegas masculinos, ella presenció cómo en un periodo de 19 años los aumentos de ellos superaron los suyos, razón por la cual entabló una demanda por discriminación de género. En un principio, un tribunal de primera instancia le otorgó $3.8 millones por daños y perjuicios, pero Goodyear apeló varias veces y a las finales la señorita Ledbetter no recibió absolutamente nada debido a cuestiones técnicas acerca del periodo de tiempo con que cuenta un trabajador para interponer un reclamo. Este caso de discriminación flagrante en el centro de trabajo, que se desvaneció íntegramente y sin recurso alguno, nos brinda otro ejemplo penoso de recorte de nuestras protecciones civiles. (Foto de Saad.Akhtar.)

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