En los últimos años, los tribunales federales han despojado a las mujeres de protecciones básicas en todos los ámbitos: aquéllas contra la violencia y el acoso, las concernientes al empleo y las relacionadas con recientes fallos emitidos sobre el aborto.

Cuando el Congreso aprobó la Ley sobre Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) en 1994, la intención era dotar a las mujeres de un recurso legal sólido en caso de haber sido víctimas de violación o violencia doméstica. Esta ley permitía a las mujeres interponer demandas contra sus violadores y acosadores ante un tribunal federal con el fin de aplacar los actos de violencia motivados por el género.

Sin embargo, la Corte Suprema desestimó el recurso legal de la VAWA en un caso denominado US v. Morrison en el año 2000. (La reciente reautorización de esta norma en diciembre de 2005 contempló únicamente aquellas partes que no fueron invalidadas por este caso). Christy Brzonkala interpuso una demanda en contra de Antonio Morrison y James Crawford, quienes repetidas veces y a la fuerza la violaron en grupo al poco tiempo de haberse matriculado como estudiante en el Instituto Politécnico de Virginia (Virginia Polytechnic Institute). El caso de Brzonkala llegó finalmente hasta la Corte Suprema, la cual se enfocó en si el Congreso tenía la autoridad para promulgar la VAWA. El fallo emitido por la Corte limitó de forma general las facultades del Congreso para tener influencia general en las leyes sobre derechos civiles y, de forma más específica, estableció que las mujeres ya no podían presentar sus casos de violencia motivada por el género ante los tribunales federales.

Es más, las leyes federales prohíben la discriminación por razones de sexo en cualquier programa de educación o actividad que reciba financiamiento federal (con algunas pocas excepciones). Esto significa que las escuelas de enseñanza superior deben ser equitativas al proporcionar oportunidades para programas tales como los de equipos deportivos. Por ejemplo, si el 70 por ciento de estudiantes de una universidad son mujeres y el 30 por ciento son hombres, no deben existir más equipos de deportes masculinos que femeninos.

La Asociación Nacional de Entrenadores de Lucha (National Wrestling Coaches Association) trató de pelear esto en los tribunales, argumentando que se vería forzada a eliminar los equipos de lucha masculinos de las universidades al no contar con equipos de lucha femeninos. El tribunal falló en contra de los entrenadores y así perdimos importantes protecciones constitucionales en favor de las mujeres.

Recientemente se han presentado muchos otros grandes desafíos a leyes básicas que prohíben la discriminación en base al género. Este año no sólo se dio un duro golpe a las protecciones de igualdad de salarios con el caso Ledbetter v. Goodyear Tire Co., sino que además, en abril de 2007, la Corte Suprema falló 5 a 4 en defensa de la constitucionalidad de una prohibición federal en contra del aborto llamado tardío o por "nacimiento parcial". Este caso en sola cuenta representa un peligro considerable para los derechos de decisión de la mujer de cuando se trata de su propio cuerpo, derecho que fue garantizado por el fallo histórico en Roe v. Wade en los años 70. Los derechos sobre la reproducción se encuentran entre los derechos a la igualdad más esenciales de las mujeres de nuestra sociedad, siendo indispensable su protección, especialmente en un clima político en el cual muchas personas quieren negarle acción a las mujeres en base a creencias morales. (Foto de Brian L. Romig.)

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