A lo largo de la historia de nuestra nación, la ley federal y los fallos de los tribunales han sido esenciales para la protección de la justicia racial. Lo cierto es que las personas de color aún son víctimas de discriminación en forma sutil o directa y aún nos queda mucho trabajo por hacer. Lo que es peor, varios casos claves que se han visto recientemente en los tribunales federales hacen cada vez más difícil poder recurrir a los tribunales si se ha sido víctima de discriminación en base a la raza.

El caso Brown v. Board of Education representa una de las victorias legales claves para la justicia racial en la educación. En este caso histórico, la Corte Suprema dictaminó que el sistema de segregación racial en las escuelas del Sur no era, de hecho, equitativo y que infringía la Constitución de Estados Unidos. Este dictamen, que en la actualidad cuenta con más de 50 años de antigüedad, y los casos que le siguieron forzaron un cambio significativo que conllevó al freno de la segregación convencional en las escuelas del Sur. Sin embargo, los niños de color aún tienen mayor posibilidad de asistir a escuelas más pobres con escasos recursos a lo largo del país, y la segregación persiste en nuestras escuelas públicas tal como sucedía antes del caso Brown.

La Ley de los Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964 fue promulgada para poner fin a la discriminación en base a la raza, color de piel o país de origen. La idea consistía en que los fondos federales no debían utilizarse para ningún programa o actividad discriminatoria. Ello ayudó a la transformación de la sociedad estadounidense y prohibió la discriminación en entidades públicas, el gobierno y el entorno laboral. La ley de 1964 fue la antesala de más leyes sobre derechos civiles que empezaban a abordar las formas profundamente arraigadas de hacer las cosas en áreas tales como vivienda y votación y que eran discriminatorias. Estas leyes representaron un buen comienzo, pero no fueron capaces de poner fin a la discriminación en su totalidad a corto plazo.

La persistencia de una profunda desigualdad racial en muchas áreas de la vida diaria, tales como ver qué colegios obtienen recursos o en qué lugares se construyen generalmente los depósitos de basura, indica la necesidad de estrategias y normas que aborden estas injusticias del sistema.

Los tribunales federales también han tenido un rol a desempeñar en la interpretación y cumplimiento de nuestras leyes. En un caso denominado Alexander v. Sandoval, la Corte Suprema restringió la aplicación de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 al emitir un fallo que establecía que las víctimas de discriminación racial no pueden presentar sus demandas ante un tribunal en virtud de las normas establecidas por las agencias federales y que han sido utilizadas por décadas. De igual forma, la Corte Suprema ha dictado fallos sobre un número de casos acerca de la participación de las minorías, determinando su legalidad si se administra de manera adecuada. Sabemos que Nuestra Corte Suprema se encuentra estrechamente dividida sobre asuntos constitucionales fundamentales por que muchos de los casos más importantes en los últimos años se han decidido mediante uno o dos votos. Un cambio en los magistrados que conforman este tribunal podría acarrear resultados sumamente diferentes en el futuro, así como los recientes nombramientos de jueces activistas podrían muy bien alterar su equilibrio.

Por ejemplo, el historial del juez Alito genera motivo de preocupación. En el caso Bray v. Marriott Hotels de 1997, cuando el Juez Alito se desempeñaba en un tribunal de circuito, éste se mostró en desacuerdo con la mayoría de sus colegas del tribunal, quienes fallaron en favor de un empleado del Hotel Marriott que afirmaba haber sido víctima de discriminación en base a la raza. Alito argumentó que dicho caso no debía ni siquiera ser atendido. Alito ha hecho que sea más difícil probar la discriminación y que las víctimas de discriminación puedan iniciar un proceso judicial.

En el caso Riley v. Taylor, James Taylor, un ciudadano afroamericano acusado de homicidio calificado, fue juzgado, condenado y sentenciado a muerte por un jurado totalmente compuesto por blancos. Cuando al principio éste impugnó su condena ante el tribunal federal, Alito fue el voto decisivo para revocar los reclamos de Taylor respecto a que se rechazó la inclusión de personas de color en el jurado únicamente debido a su raza, que se designó a un abogado incompetente y que el jurado estuvo mal conducido. Finalmente, los reclamos de Taylor fueron escuchados, después de haber apelado varias veces, y se determinó que sus derechos habían sido efectivamente quebrantados. La mayoría del tribunal se sintió ofendida por los intentos iniciales de Alito de argumentar que la evidencia estadística de la exclusión de forma repetida de personas de color en los jurados por parte de la fiscalía en casos de pena de muerte, era como tratar de explicar el porqué del número desproporcionado de presidentes zurdos en los últimos tiempos. La mayoría expresó que "sugerir cualquier comparación respecto de la revocatoria de miembros del jurado en base a su raza es minimizar la historia de discriminación en contra de candidatos a jurado y demandantes de color".

A través de la historia y hoy en día, los tribunales federales han sido lugares importantes donde las personas pueden enfrentarse a la discriminación racial y por lo que es esencial que las puertas de las salas de justicia permanezcan abiertas a tales reclamos. Por ejemplo, recientemente, los afroamericanos y latinos que quieren gozar del derecho al voto han interpuesto demandas en los tribunales federales a lo largo del país para impugnar las leyes en Nueva York, Florida y otros estados, que niegan el derecho al voto a ex convictos. Éstos reclaman que estas leyes los discriminan de forma racial y que mantienen a numerosas cantidades de votantes afroamericanos y latinos fuera de las urnas. (Foto de Frerieke.)

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