Las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales estadounidenses (LGBT, por sus siglas en inglés) aún enfrentan formas de prejuicio extremas en muchas áreas de la vida y luchan por los derechos civiles más básicos, como el derecho fundamental a contraer matrimonio y tener familia, entre otros. El matrimonio como institución otorga innumerables protecciones, muchas de las cuales damos simplemente por descontadas, desde la capacidad de visitar a las personas queridas en el hospital hasta el pago de impuestos y los beneficios de sucesión. Aunque un número creciente de estados ha aprobado leyes que permiten el matrimonio o las uniones civiles de homosexuales, otra cantidad de estados ha aprobado enmiendas constitucionales que limitan el matrimonio únicamente a las parejas heterosexuales. Estas enmiendas fueron presentadas al público como simples prohibiciones de matrimonio para los gay, pero sus ramificaciones fueron aún más amplias. Por ejemplo, la enmienda aprobada en Michigan ya ha sido usada como motivo para despojar de los beneficios de seguro de salud para la pareja a las lesbianas y personas gay que se desempeñan como empleados públicos. En mayo de 2004, se propuso una enmienda a la Constitución de Estados Unidos que prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados. Si bien esta legislación no fue aprobada, los que apoyan esta enmienda quieren incluir la discriminación en nuestra Constitución.

Recientemente, ha habido una cantidad importante de dictámenes judiciales que afectan la lucha de la comunidad LGBT. Debido a que las leyes que protegen específicamente a los individuos LGBT de ser víctimas de discriminación nunca han existido a nivel federal, muchos de estos casos ocurren en tribunales estatales y se apoyan en una amplia variedad de leyes estatales, siendo sus dictámenes sumamente diferentes a aquellos emitidos sobre otros asuntos de derechos civiles. Las leyes federales sobre derechos civiles prohíben la discriminación en base a la raza, país de origen, sexo, discapacidad y edad. Sin embargo, no existe actualmente una ley federal que proteja a los individuos de los diversos tipos de discriminación basados en la orientación sexual real o la identidad de género, sea ésta conocida o no. Debido a una falta de salvaguardas en torno a este asunto, innumerables estadounidenses LGBT han sido despedidos de sus empleos, han perdido la custodia de sus hijos y se les ha negado otras oportunidades, tales como la oportunidad equitativa a la vivienda o el derecho al servicio militar; todo dejándolos con recursos legales muy limitados. No fue sino hasta el año 2003, en el caso denominado Lawrence v. Texas, que la Corte Suprema dictaminó que las relaciones sexuales privadas de mutuo acuerdo entre adultos no pueden ser prohibidas por el gobierno.

Aunque el año pasado ha sido también testigo de gran progreso en los estados que declaran la ilegalidad de la discriminación en base al sexo o la identidad de género, la seguridad de los estadounidenses LGBT sigue siendo precaria, en el mejor de los casos. A pesar de los cambios culturales y una mejor visión en torno a este asunto, con cada designación de un juez federal conocido por su hostilidad frente a los derechos de la comunidad gay, nos alejamos cada vez más de la capacidad de proteger nuestros derechos civiles básicos. (Foto de lighttripper.)

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