Pocos derechos civiles significa pocos vecindarios limpios. Antes, las personas podían impedir que los contaminadores se concentraran en sus comunidades. En la actualidad, la Corte Suprema está permitiendo que aquellos contaminadores regresen a ellas.

En el año 2001, en South Camden, Nueva Jersey, el tribunal federal suspendió el permiso de funcionamiento de una fábrica de cemento debido al impacto desmedido que esta planta tendría en sus vecinos. South Camden ya albergaba el incinerador de basura de mayor tamaño de la región, una planta de energía, la planta de tratamiento de aguas residuales del condado y un depósito de desechos radioactivos. Asimismo, esta área registra una de las tasas más altas de cáncer en la nación. El tribunal estableció que las personas que vivían alrededor de la fábrica eran obligadas a soportar más problemas de contaminación que los que les correspondían, además de recibir trato discriminatorio debido a su raza. En aquel momento, tal fallo simbolizó un hito en la justicia ambiental.

Poco tiempo después de este dictamen, la Corte Suprema se pronunció sobre otro caso, Alexander v. Sandoval, que establece que las personas pueden hacer cumplir sus derechos civiles únicamente si pueden probar que la discriminación fue intencional, no siendo suficiente que haya tenido un impacto discriminatorio con respecto a la raza o el origen étnico. El caso Sandoval nos despojó de una de nuestras armas clave en la lucha por la justicia ambiental debido a que la discriminación intencional es prácticamente imposible de probar en un juzgado, incluso si ésta existe.

El fallo de la Corte Suprema en el caso Sandoval tuvo impacto en la lucha librada en South Camden, dado que revertió en forma efectiva el resultado de ese caso, dejando a los residentes de South Camden en la búsqueda de formas de probar que la decisión de ubicar la planta de cemento en su comunidad fue intencionalmente discriminatoria.

De la misma forma, en el año 2003, la comunidad de Holly Springs, Carolina del Norte, tenía tres vertederos en actividad. El condado se encontraba en los preparativos para la creación de otro vertedero, el cual se extendería a lo largo de 471 acres y contaría con una altura de 280 pies. Sin embargo, la comunidad de Holly Springs, estaba cansada de lidiar con la basura del condado entero. La comunidad creía en el principio de la justicia ambiental que establece que ya que todas las personas en una comunidad producen desperdicios, todos deberían compartir la pesada tarea de deshacerse de ellos. Holly Springs produce muy poca cantidad de los desperdicios del condado, sin embargo se vio obligada a lidiar con prácticamente todos los desperdicios. Asimismo, Holly Springs alberga el mayor porcentaje de afroamericanos en el estado.

Los habitantes de Holly Springs trataron de luchar contra la creación de este vertedero en los tribunales. El tribunal, citando el caso Sandoval, dictaminó que si la comunidad quería luchar contra la creación del vertedero, tendría que probar que se incurrió en discriminación intencional, debido a que demostrar la desproporción en los riesgos ambientales que se veían obligados a soportar ya no era suficiente. (Foto de Brooke Anderson.)

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