La Ley de Igualdad para la Vivienda (Fair Housing Act), una ley federal histórica aprobada en 1968 y modificada muchas veces desde entonces, tiene como objetivo eliminar la discriminación durante la venta y alquiler de casas en base a la raza, género, origen étnico o discapacidad. A pesar de que la Ley de Igualdad para la Vivienda y su predecesora, la Ley de Vivienda (Housing Act) de 1937, han gozado de amplio respaldo durante la mayor parte de su existencia, las protecciones que éstas garantizan están siendo amenazadas por fallos judiciales recientes, que limitan demasiado el acceso a las salas de justicia por parte de aquellos que sufren de discriminación en asuntos de vivienda.

El derecho al abrigo es básico y esencial, y tiene consecuencias en la salud, seguridad, empleo, educación y seguridad económica. Sin embargo, existe una escasez de viviendas económicas y las pocas opciones de vivienda pública disponibles pueden ser inseguras y antihigiénicas. Algunas entidades regentes de Vivienda Pública son desordenadas e ineficaces por lo que muchas personas son víctimas de discriminación en materia de vivienda. Los ciudadanos necesitan la atención de los tribunales para remediar todo trato injusto y proteger sus derechos y libertades. Dos fallos recientes demuestran cuán importante es preservar el cumplimiento de las protecciones federales en materia de igualdad para la vivienda.

En un caso importante denominado Langlois v. Abington Housing Authority (2002), un grupo de mujeres en Massachussets interpuso una acción judicial en contra de su entidad regente de Vivienda Pública debido a que el sistema para seleccionar a quién se le proporcionaba la asistencia era discriminatorio con respecto a las personas de color. Estas mujeres argumentaron que esto infringía la Ley de Igualdad para la Vivienda, razón por la cual presentaron su caso ante los tribunales en virtud de la ley federal que permite a las personas enjuiciar al estado o gobierno local si se atropellan sus derechos federales. La entidad regente de vivienda trató de argumentar que estas mujeres no podían demandar debido a que, a pesar de que la Ley de Igualdad para la Vivienda prohíbe los actos injustos en ese tema, no garantiza tal derecho.

En el caso Thompson v. HUD (1994), la Maryland ACLU (Unión Americana por las Libertades Civiles de Maryland) interpuso una demanda en representación de los afroamericanos que residían en viviendas públicas en Baltimore. En aquella época, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) se encontraba demoliendo edificios de viviendas públicas en los vecindarios de afroamericanos de bajos ingresos y trataba de limitar las nuevas viviendas a vecindarios igualmente segregados, perpetuando esencialmente un sistema de vivienda pública que segrega en base a la raza. Esto, se dijo, también infringía las protecciones federales de la Ley de Igualdad para la Vivienda.

En ambos casos, las entidades regentes de vivienda trataron de utilizar el argumento de un caso anterior y no relacionado llamado Gonzaga v. Doe, que ha hecho todavía más difícil que uno pueda acudir a los tribunales para hacer cumplir sus derechos en virtud de la ley federal. Ellos argumentaron que tales personas no podían demandar debido a que, a pesar de que la Ley de Igualdad para la Vivienda prohíbe los actos injustos en cuanto a vivienda, no garantiza tal derecho. Por fortuna, los jueces de estos casos rechazaron tales argumentos, y ello demuestra cuán importante es proteger nuestros derechos civiles para que no desaparezcan y asegurarnos de poder seguir acudiendo a las salas de justicia si se atropellan nuestros derechos. (Foto de Tony Webster.)

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