Desde los años 30, los estadounidenses de edad avanzada han gozado, durante su vejez, de protecciones como el Seguro Social, el programa de Medicare y, recientemente, la Ley Contra la Discriminación Laboral por Edad (Age Discrimination in Employment Act). Dicha ley, aprobada en 1967, tenía como propósito proteger a los ancianos estadounidenses de la discriminación en el centro de trabajo, siempre y cuando éstos se encontraran calificados para realizar sus labores. Sin embargo, todas estas protecciones están siendo actualmente atacadas.

Por ejemplo, los empleados de la universidad estatal de Florida llevaron a su empleador a juicio ante un tribunal federal debido a que la política salarial de la universidad era discriminatoria respecto a ellos y todos aquellos trabajadores de edad avanzada. Sin embargo, de acuerdo al dictamen emitido por la Corte Suprema, el Congreso no puede responsabilizar a los estados por infringir la Ley Contra la Discriminación Laboral por Edad, incluso en el caso en que los empleados puedan probar haber sido discriminados por parte del estado.

En otro caso reciente, Walter Biggins, de 62 años de edad, fue despedido de su empleo como químico, y reemplazado por un trabajador de 35 años de edad, tan solo unas semanas antes de que hubiera podido estar habilitado para recibir una pensión. La demanda del señor Biggins se basó en que la compañía lo despidió para no tener que pagarle su fondo de jubilación, y en que esto tenía un efecto discriminatorio sobre los trabajadores de edad avanzada. La Corte Suprema vio el caso y, dando otro duro golpe a los ancianos estadounidenses, dictaminó que despedir a un empleado con el fin de evitar que éste reciba los beneficios de su pensión no representa una infracción a la Ley Contra la Discriminación Laboral por Edad (ADEA, por sus siglas en inglés) de 1967.

Por dictamen emitido en marzo del 2005, la Corte Suprema estableció que los trabajadores pueden demandar a empleadores que ejerzan una política laboral que los discrimine por razones de edad. Sin embargo, la corte estableció también que los empleadores pueden, de hecho, incurrir en discriminación si pueden probar que la política en cuestión se basa en factores razonables que no tienen que ver con edad. Si bien la el dictamen de la Corte Suprema mantiene las puertas de los tribunales abiertas para los trabajadores de edad avanzada, al mismo tiempo, hace que los casos de discriminación por la edad sean cada vez más difíciles de probar. (Foto de A. Strakey.)

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